La Fiscalía General de la Nación logró medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado de exigir dinero y beneficios para facilitar la ampliación de una licencia de construcción.
Por: redacción Caracol y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario. De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, el mandatario habría exigido dinero y beneficios económicos a cambio de facilitar la ampliación de una licencia de construcción.
Según el ente acusador, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando presuntamente el alcalde solicitó a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para asesorar la gestión de permisos y trámites administrativos relacionados con el proyecto. La Fiscalía indicó que posteriormente habría pedido incrementar la asignación salarial de ese asesor, quien trabajó durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos. Además, la investigación señala que el 4 de marzo de 2026 Gamboa Chaparro habría solicitado, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos equivalentes al 20 % del valor fijado para la ampliación de la licencia de construcción.
La Fiscalía sostuvo que, tras la negativa de la empresaria a acceder a las exigencias económicas, el mandatario habría expedido el 6 de marzo una resolución estando presuntamente inmerso en un conflicto de intereses. Según el organismo investigador, esa actuación habría derivado en una desviación de poder que terminó afectando el trámite urbanístico del proyecto. Posteriormente, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia y el Inspector Segundo de Convivencia y Paz impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los representantes del proyecto.
Por estos hechos, el alcalde fue imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no aceptó.
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